Vivimos en una sociedad globalizada, cada vez más conectada, y la consigna de moda es la de la liberalizar los mercados. El actual sistema capitalista ha hecho que las mayores empresas del mundo manejen exorbitantes sumas de dinero, inclusive más que algunos pequeños países. Es así que hoy en día las grandes empresas multinacionales han llegado a influir de sobremanera en las decisiones del Estado. El poder económico se concentra en pocas manos, que en gran parte viven en países del primer mundo. En el caso de los tratados de libre comercio, se trata de lograr que las empresas expandan su poderío monopólico. En el Ecuador país, cuando escuchamos sobre el Tratado de Libre Comercio, nos hablan sobre mejores oportunidades para exportar nuestros productos hacia los Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial.Como ya se sabe, la mayoría de sus empresas sobrepasan la producción de las nuestras, por lo que, no está por demás decirlo, sería una competencia injusta. Pero la idea es que nuestros productos al igual que los de ellos, entren libres de impuestos, para que sean más baratos para el consumidor final. Se supone que casi todos nuestros productos entrarían a competir con los estadounidenses, generando más ingresos para el país. El problema es que exportamos principalmente productos primarios, es decir, no procesados, como son los provenientes de la agricultura y animales de consumo humano. Pero ahí está la trampa, ya que el gobierno estadounidense subsidia un gran porcentaje de sus productos agrícolas, haciendo que estos sean más baratos. De está manera es más que seguro que vendrán con precios más bajos eliminando de entrada la competencia ecuatoriana. Cuando decimos que los Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, y por ello la importancia de firmar un TLC, estamos olvidando un dato esencial. Del total de exportaciones, los productos que se negocian representan solo una pequeña parte de lo que nos compran, aproximadamente un 30 por ciento, mientras que el 70 por ciento restante es
petróleo.El verdadero interés por nuestro petróleo y recursos naturales. Esto se tornó evidente cuando estalló el sonado caso de la petrolera estadounidense Occidental. La empresa se llevaba un 85 por ciento de la producción petrolera mientras que el Estado solo se llevaba un 15 por ciento. En la noche del 15 de mayo, el Ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, dio a conocer un fallo largamente esperado: Declaró la caducidad del contrato con la empresa transnacional Occidental que opera en el bloque 15 del Oriente ecuatoriano, extrayendo más de 100.000 barriles de petróleo por día, una tercera parte de lo que explotan las empresas transnacionales. La resolución ministerial se basó en el incumplimiento del contrato por parte de la OXY al haber transferido el 1 de noviembre del año 2000, el 40 por ciento de los derechos y obligaciones del Contrato de participación del bloque 15 a favor de la canadiense ENCANA sin autorización del Ministerio de Energía. La resolución del gobierno ecuatoriano implicará la inmediata devolución al Estado de las áreas contratadas, además de la entrega, sin costo y en buen estado, de equipos, maquinarias y otros elementos utilizados en la producción petrolera, instalaciones industriales o de transporte a la empresa estatal Petroecuador.
En un momento en que el petróleo alcanza precios nunca antes registrados y se ha convertido en un recurso estratégico muy codiciado, la decisión ecuatoriana de declarar la caducidad del contrato con la OXY constituye un golpe a los intereses de Estados Unidos y de sus transnacionales. Ellos consideran la aplicación de la ley ecuatoriana como una expropiación. Además de rescatar la dignidad y de que el Ecuador se va a beneficiar con más de 100.000 barriles por día, el mensaje que se está transmitiendo es que todos deben acatar las leyes ecuatorianas.
El caso de la OXY forma parte de la lucha por la defensa y el rescate de los recursos naturales, y en particular el petróleo, que se ha extendido en América Latina y que también toma fuerza en el Ecuador. El movimiento indígena, así como los sindicatos, los pueblos amazónicos, organizaciones estudiantiles y ecologistas, artistas y ciudadanos se han movilizado en varias ocasiones para lograr que el dubitativo gobierno de Alfredo Palacio se decida por aplicar la ley a la transnacional. Ha sido un triunfo del movimiento indígena y de los movimientos sociales para frenar a las empresas transnacionales que no cumplan la ley. El caso OXY afectó directamente a las negociaciones del TLC, cuyas conversaciones ya debían haberse reiniciado. Cabe recordar que los delegados de Estados Unidos suspendieron las mismas en el momento en que el Congreso del Ecuador aprobó una ley que obliga a las transnacionales a compartir con el Estado el 50% de las ganancias de la producción petrolera. Ahora, la caducidad del contrato con la OXY complicará las negociaciones del TLC, según se lamentan las elites empresariales ecuatorianas alineadas con Washington, pero al mismo tiempo causa satisfacción en amplios sectores de ecuatorianos que se han venido manifestándose contra el TLC. Existe un claro chantaje que busca beneficiar los intereses de la transnacionales para exprimir los recursos nacionales. 
Esto sucede porque al gobierno estadounidense le importa mucho más que el petróleo que pueda sacar del país, así como también explotar nuestra biodiversidad, tema que igualmente se trata en el TLC. En un futuro no muy lejano las guerras se darán por el control de agua dulce, que en el Ecuador a diferencia de otros países es abundante. Igualmente el control de ciertas zonas de territorio ecuatoriano tiene una importancia estratégica por el Plan Colombia que pretende erradicar el narcotráfico y a la guerrilla colombiana. Todo forma parte de las ambiciones imperialistas de Estados Unidos que tiene como objetivo final el control del territorio del continente americano. 
